La segunda entrega del informe Bolillo, Dios y Patria aborda el problema de la violencia policial en Colombia entre los años 2020 y 2022, a través de un análisis de información cualitativa y cuantitativa de las cifras recopiladas por instituciones estatales y nuestra plataforma GRITA sobre casos de violencia homicida, física y sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía Nacional. Así mismo, este informe es el resultado de un proceso de investigación riguroso, que nos permitió profundizar el análisis por medio de entrevistas a víctimas de violencia policial, organizaciones sociales, personas expertas en seguridad y policías, para entender esta problemática enmarcada dentro de un andamiaje amplio y complejo de prácticas estatales, falencias institucionales y problemas sociales.
Balance general de los hechos de violencia homicida, física y sexual:
Entre el 2020 y 2022, según Medicina Legal, se presentaron 352 casos de violencia homicida, 20.895 casos de violencia física y 95 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional. En comparación con las cifras registradas por Medicina Legal entre 2017 y 2019, período que analizamos para la primera entrega del informe Bolillo, Dios y Patria, para el período entre 2020 y 2022, se presenta un incremento del 34% de los casos de violencia homicida, una disminución de 51% de los casos de violencia física y una disminución del 13% de los casos de violencia sexual.
Hechos de violencia homicida cometidos presuntamente por Policía por año, según Medicina Legal
Hechos de violencia física cometidos presuntamente por Policía por año, según Medicina Legal
Hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por la Policía por año, según Medicina Legal
Frente a la caracterización de estas tres violencias y algunos de sus patrones más importantes, en primer lugar, encontramos que frente al rango etario de las víctimas la población menor de edad y joven que se encuentra entre 1 y 27 años es la población más afectada dentro de las tres violencias. En el caso de violencia homicida esta población registra al menos el 56% de los casos, 53,8% en el caso de la violencia física y 85% en cuanto a la violencia sexual. Frente al sexo de las víctimas, tanto en violencia física como en violencia homicida, se registra que la mayoría de las víctimas fueron hombres con un 85% y un 97,44% de los casos, respectivamente. Sin embargo, para violencia sexual, el 85% de los casos corresponde a mujeres. Ahora bien, en relación con la identidad de género de las víctimas, tanto en los hechos de violencia física como de violencia sexual, al menos un 80% de los casos se registran como “sin información” o “no aplica”. En el caso de violencia homicida, Medicina Legal no registra ningún caso de homicidio a personas trans para el periodo en cuestión, mientras que la plataforma GRITA registra uno. Esto abre un interrogante acerca del subregistro de esta variable y la manera en la que desde las instituciones del Estado se recopila información sobre aquellos cuerpos disidentes del género y la sexualidad. Frente a la pertenencia étnico racial de las víctimas, el 11,93% de las víctimas de violencia homicida eran personas afro. En cuanto a violencia física y sexual al menos el 95% de los casos se registran como “sin pertenencia étnica” y “sin información”, lo cual también genera un cuestionamiento acerca de la invisibilización estadística de esta población. De los registros obtenidos, tanto en el caso de violencia física como de violencia sexual el 4% de las víctimas corresponde a personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y el 1% a personas indígenas. Es importante anotar que entre 2020 y 2022, en departamentos con alta población afro, como el Valle del Cauca, los homicidios contra personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras registraron un aumento promedio y los casos de violencia física en todo el país contra esta población también tendieron a aumentar en promedio, lo cual muestra la afectación diferencial de estas violencias.
Ahora bien, en cuanto la caracterización de los hechos, tanto en los casos de violencia física como de violencia sexual la actividad en medio de la cual fueron más agredidas las personas fue en medio de desplazamientos de un lugar a otro, con un 46% y un 33% de los casos respectivamente. Frente a violencia homicida, el 42,61% de los casos de homicidio fueron registrados bajo la categoría de “actividades ilícitas o delictivas”. Por otro lado, Medicina Legal registró solo 3 casos de homicidios cometidos presuntamente en escenarios de manifestación pública y protestas entre 2020 y 2022, de los cuales todos ocurrieron en 2021. Esto llama la atención, pues, dentro de estos tres años de gran movilización social, la plataforma GRITA registró 57 casos en escenarios de protesta durante el mismo periodo. Frente al escenario en el que ocurrieron los hechos, Medicina Legal registró que el 78% de los homicidios tuvieron lugar en el espacio público; en el caso de violencia sexual se registra que el lugar donde más ocurrieron los hechos fue en guarniciones militares y/o de policía y centros de detención con el 33%, así pues, es evidente el riesgo al que son expuestas las personas que se encuentran en custodia del Estado. Frente al mecanismo causal, el 96% de los casos de violencia homicida fueron cometidos presuntamente con proyectiles de arma de fuego, mientras que el 40,9% de los casos de violencia física ocurrieron con mecanismo contundente.
Sobre algunos hallazgos que surgieron a partir del cruce de categorías, encontramos que de 2020 a 2022 hay un aumento en promedio de los casos de violencia sexual a miembros de la fuerza pública, así como una tendencia leve en aumento en los casos de violencia sexual que ocurrieron en medio del trabajo en espacio público en los que las víctimas son mujeres. Frente a hechos de violencia física, observamos que las personas indígenas y las personas trans fueron quienes más sufrieron de violencia física mientras trabajaban con un 11% y un 8% de los casos respectivamente, mientras que las personas periodistas fueron más agredidas cuando se encontraban en manifestaciones. Por otro lado, las personas campesinas y que hacen parte de grupos étnicos fueron quienes más fueron agredidas físicamente con arma de fuego, mientras que las personas indígenas víctimas de violencia homicida fueron las más violentadas con objetos contundentes.
Finalmente, frente al registro de las violencias, observamos diferencias entre los registros realizados por Medicina Legal y la plataforma GRITA. Por un lado, identificamos que solo el 33% de los casos registrados por GRITA fueron catalogados con presunto agresor policía por Medicina Legal. Es decir, 91 de los 135 casos registrados por GRITA no aparecen dentro de los 352 casos registrados por Medicina Legal como homicidios cometidos presuntamente por policías. Por otro lado, frente a los hechos de violencia física y sexual, encontramos un subregistro por parte de la institución particularmente en los hechos ocurridos durante el 2021, año donde tuvo lugar el paro nacional. Para ejemplificar esto, en el caso de hechos de violencia física con secuelas en la visión, Medicina Legal registró 31 casos para el año 2021, mientras que la plataforma GRITA registró al menos 103 casos de trauma ocular durante el paro nacional de 2021.
Acceso a la justicia e impunidad estatal:
Ahora bien, el panorama general de acceso a la justicia de casos de violencia policial en Colombia en el campo penal es de impunidad sistemática y estructural. Los porcentajes de impunidad de los procesos abiertos por la Fiscalía por hechos relacionados con violencia homicida, física y sexual cometidos presuntamente por miembros de la Policía entre 2020 y 2022 son muy elevados, donde el porcentaje promedio de impunidad de las tres violencias supera el 95% y para las violencias física y sexual llega al 100%. Adicionalmente, este panorama de impunidad expone un andamiaje estatal complejo que obstaculiza, dilata y revictimiza a las personas que sufren estas violencias y a sus círculos cercanos. Otro elemento que resulta inquietante es el desfase entre el número de casos de violencia policial registrados por Medicina Legal y el número de investigaciones abiertas por la Fiscalía por hechos relacionados con estas violencias, pues muestra que solo una fracción pequeña de personas que son violentadas por la policía logran acceder al sistema de administración de justicia del Estado, sin tener en cuenta los todavía más bajos porcentajes de éxito dentro él y el subregistro de estas violencias por parte de las instituciones del Estado.
Por otro lado, este informe pone la lupa sobre iniciativas comunitarias que han surgido como respuesta ante la impunidad estatal. La ausencia de garantías para acceder a la justicia es un síntoma de la falta de atención interinstitucional integral ante la violencia policial y otras problemáticas sociales relacionadas. Las víctimas de estas prácticas de violencia estatal no tienen garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y no revictimización. Es así como los tribunales populares y las organizaciones de víctimas terminan asumiendo estas cuestiones. Estos espacios se han construido como procesos de esclarecimiento y atención a las víctimas, al igual que como escenarios de imaginación colectiva sobre nociones de justicia y seguridad, entendidas como un conjunto de garantías para que ninguna persona vuelva a ser violentada por la Policía. También, estos procesos son ejemplos de organización entre vecinas, amigos, familiares y activismos para resarcir los dolores generados por la violencia estatal, mientras se fortalecen otros procesos barrio adentro. No obstante, concluimos que sigue siendo responsabilidad del Estado brindar estas garantías, además de reconocer, respetar y blindar institucionalmente los espacios de cuidado y de memoria construidos por víctimas y procesos de base.
¿Qué pasa con la policía?:
Este informe identifica algunas problemáticas en el relacionamiento de la policía con la ciudadanía. Durante los tres años que contempla esta publicación, la Policía Nacional llegó a los niveles más bajos de aprobación en los últimos 22 años. El diálogo con múltiples sectores de la sociedad civil, así como con algunos policías, nos ha permitido entender que el problema de la violencia policial debe enmarcarse en una discusión sobre las problemáticas al interior de la policía, pero también en una comprensión más amplia sobre la concepción de seguridad y el funcionamiento del Estado.
Por un lado, analizamos la composición demográfica de la policía a partir del entrecruce de información sobre variables de rango, identidad de género, pertenencia étnico racial y nivel educativo alcanzado. Frente a esto observamos, por ejemplo, que el 77,63% de las personas afro de la institución hacen parte del nivel ejecutivo, mientras que solo el 1,71% de esta población tiene un rango de nivel oficial. Adicionalmente, Coronel es el cargo más alto ocupado por una persona afro en la institución y Mayor en el caso de la población indígena. Estos elementos muestran, además de una población policial poco diversa, cómo se reproducen desigualdades sociales al interior de la institución, en la que estas poblaciones históricamente marginadas tienen poco acceso a escenarios de poder y de toma de decisiones. Esto repercute en una desconexión que identificamos entre los uniformados de altos rangos y aquellos del nivel ejecutivo, que dificulta una comprensión y abordaje articulado de las problemáticas cotidianas locales y que se expresa también en una distribución desigual de funciones al interior de los rangos de la institución.
Por otro lado, desde Temblores ONG, consideramos que si bien la violencia policial se origina a partir de elementos internos de la institución, también entendemos esta problemática como un asunto de Estado. Por un lado, por el rol que se le ha asignado a la policía para mantener un orden que reprime particularmente a ciudadanías históricamente marginadas, pero también por los vacíos institucionales que no atienden el cúmulo de condiciones necesarias para garantizar la vida y la seguridad en un sentido integral. Así pues, es la Policía la institución que termina asumiendo múltiples funciones que intentan atender esos vacíos institucionales. Esto genera una sobrecarga laboral para los uniformados de nivel ejecutivo que deben atender problemáticas sociales cotidianas e incluso otras que no están dentro de su misionalidad, como la custodia de personas privadas de la libertad, debido al hacinamiento carcelario que termina afectando a las estaciones de policía. Esta sobrecarga de funciones, además de que no resuelve las problemáticas estructurales que debe atender el Estado, termina generando también una dependencia ciudadana de la policía al ser esta, en muchos casos, la cara más visible que conocen del Estado encarnada por sus funcionarios. Así pues, se termina configurando un Estado policial más que un Estado garante de derechos, lo cual no solo ha impactado en la sobrecarga de funciones de la policía, sino también en la configuración de la subjetividad ciudadana que, aunque puede cuestionar el abuso de autoridad, también puede exigir la presencia constante de esta institución para que resuelva problemas cotidianos. Este hallazgo nos lleva entonces a plantear que la disminución de la violencia policial es una responsabilidad que pasa por la articulación de las múltiples instancias institucionales del Estado para la garantía de derechos, la cual aborde una noción de seguridad integral y una gestión de la misma más allá de la policía.
Normativa | Gobierno | Temática |
Ley 2179 de 2021 | Iván Duque | Creación de categoría “patrulleros de policía” |
Resolución 03872 de 2021 de la Policía Nacional | Iván Duque | Transversalización del enfoque diferencial de género |
Ley 2196 de 2022 | Iván Duque | Estatuto disciplinario |
Decreto 113 de 2022 | Iván Duque | Estructura de la Policía (creación Comisionado de Derechos Humanos) |
Directiva Permanente 009 del Ministerio de Defensa | Gustavo Petro | Orientaciones de política para una “Transformación policial más humana” |
Resolución 1091 de 2023 de la Policía Nacional | Gustavo Petro | Creación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en reemplazo del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) |
¿Reforma policial ya?:
Durante los últimos años, ante la brutalidad policial como respuesta institucional sistemática ante la creciente movilización social se terminó de decantar en las calles y en el debate público el clamor y la exigencia por una reforma policial amplia, participativa y de carácter estructural. Ante esa coyuntura, el Gobierno Duque impulsó en su momento un proceso de transformación policial interno que no materializa los cambios estructurales necesarios para consolidar una policía civil garante de derechos. Y, a pesar de haber sido una propuesta de campaña, el camino principal que ha seguido el Gobierno Petro en materia de reforma policial ha sido el de continuar con el proceso de transformación interno iniciado por la administración anterior, pero con algunos ajustes orientados a reenfocarlo y fortalecerlo. De igual manera, este panorama incierto y cada vez más desgastado alrededor de la posibilidad de hacer una reforma policial prende las alarmas sobre la falta de trabajo interinstitucional y la articulación actual de voluntades políticas y acciones concretas para llevarla a cabo.
No obstante, desde que se ha posicionado como un tema relevante en el debate público, han surgido diversas propuestas y peticiones de la sociedad civil y de las organizaciones sociales de derechos humanos. Estas están orientadas a la transformación del modelo policial, a la inclusión de reales enfoques diferenciales de género y étnico raciales, al desarme progresivo de la Policía, al fin de la estigmatización y persecución de ciudadanías históricamente marginadas, al acceso a la justicia por parte de las víctimas y a la construcción de un proceso amplio que cuente con participación de diversos sectores sociales que incluyan víctimas, organizaciones sociales y policías, entre otras. Además, dicha reforma debe ser una apuesta de transformación cultural en distintos escenarios de la vida social, que cuestione elementos como las excesivas funciones que recaen en la institución policial, la relación deseada entre policía y ciudadanía, el clamor de ciertos sectores por un Estado policial regulador de la sociedad y la necesidad de tramitar conflictos sociales cotidianos con mediación de la Policía. Finalmente, con este informe concluimos que la sociedad colombiana debe seguirle apostando a una transformación estructural multilocada encaminada a erradicar la violencia policial, entendiendo esta última como un problema social inmerso y nutrido por las dinámicas de desigualdad, exclusión y marginalización bajo las cuales opera y ha operado nuestro Estado contemporáneo.
Recomendaciones del Informe a las instituciones del Estado:
Sobre el registro y el acceso a información de interés público:
Al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:
Que continúen construyendo un registro de cifras de violencia policial que responda y se adapte con sus categorías de registro y análisis a las particularidades de la problemática. Esto, con el fin de recolectar y producir información rigurosa de interés público que dé insumos para comprender el fenómeno y que permita formular soluciones y transformaciones pertinentes. Es decir, que sigan produciendo información con utilidad pública, “cifras para la vida”.
A la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional:
Que, desde sus competencias y funciones constitucionales y legales, construyan registros robustos de información relacionada con hechos de violencia policial y sus respectivos procesos penales y disciplinarios, que contribuyan al ensamblaje de una comprensión profunda y amplia de la problemática de violencia policial en Colombia. De igual manera, que suministren a la ciudadanía esta información de interés público de manera oportuna, completa, legible y en formatos que permitan su análisis.
Sobre el acceso a la justicia y a garantías de verdad, reparación, no repetición y no revictimización:
Al Presidente de la República:
Que lleve a cabo actos de reconocimiento de responsabilidad y de perdón público en nombre del Estado colombiano por los hechos de violencia policial y las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública, particularmente de la Policía Nacional, en los últimos años. Un referente en esta materia es el acto de perdón público por el asesinato de Diego Felipe Becerra a manos de un miembro de la Policía en 2011, que tuvo lugar el 31 de agosto de 2023 y que estuvo liderado por el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Director de la Policía.
Que cree una Comisión de esclarecimiento (u otra instancia orientada al mismo fin) que investigue y documente a profundidad los hechos de vulneración a los derechos humanos por parte de la fuerza pública cometidos en Siloé en el marco de las protestas del paro nacional de 2021. También, que esta comisión trabaje de la mano de víctimas y habitantes del sector y que incluya el trabajo adelantado por el Tribunal Popular en Siloé.
A la Policía Nacional y las autoridades civiles locales:
Que cesen todas las formas de persecución, hostigamiento, obstaculización y silenciamiento de agrupaciones de víctimas de violencia policial y procesos populares de justicia y construcción de memoria. Procesos como los tribunales populares y las múltiples iniciativas de memoria que han construido las víctimas y sus círculos cercanos han servido como plataformas de encuentro, juntanza, resistencia y denuncia, al igual que como redes de documentación de casos y patrones de violencia policial. Así, han suplido de facto y en condiciones adversas la función del Estado de brindar garantías de verdad y justicia. En ese sentido, resulta revictimzante que funcionarios e instituciones del Estado persigan, estigmaticen y hostiguen estos procesos, luego de que el mismo Estado les violentó y les negó sus garantías de verdad y justicia.
Al Gobierno Nacional, la Rama Judicial y los Organismos Autónomos de Control:
Que las instituciones del Estado reconozcan la legitimidad de procesos populares y alternativos de justicia y construcción de memoria. También, que asistan cuando sean requeridas e invitadas a eventos y otros escenarios de interlocución con dichos procesos y colectivos. Adicionalmente, que las demandas que se han posicionado en dichos procesos como los tribunales populares, así como los hechos que han documentado, deben tenerse en cuenta en los escenarios de justicia y reparación que adeuda el Estado.
Sobre la función policial:
Al Presidente de la República:
Que cree un mecanismo interinstitucional con participación de la sociedad civil, que analice la situación actual de exceso de funciones de la Policía y que busque estrategias de redistribución de dichas funciones con otras instituciones del Estado. Esto, con el objetivo de garantizar una oferta integral de la institucionalidad estatal en el territorio nacional.
A la Policía Nacional:
Que realice una encuesta u otra herramienta de medición a quienes integran la Policía Nacional en todos los rangos sobre la percepción alrededor de sus funciones y las formas y capacidades para ejecutarlas. Esto para tener un diagnóstico general, que nutra la discusión alrededor de la redistribución de funciones de la Policía.
Crear un sistema de incentivos por buenas prácticas en el relacionamiento y la atención a ciudadanías vulnerables. Esto con el objetivo de impulsar cambios culturales que normalicen el buen trato y la no estigmatización de ciudadanías vulnerables.
Al Ministerio de la Igualdad y la Equidad:
Que identifique y caracterice los procesos actuales de implementación de enfoques diferenciales en la Policía (étnico racial, de género y de no discriminación) y dé lineamientos de política para fortalecerlos y transversalizar su implementación al interior de la institución policial. Para ello, como primer ejercicio, recomendamos crear mesas de diálogo entre policía y sociedad civil, incluso dentro de la figura de los Hablemos de Policía, para hacer diagnóstico multifocal de cómo la Policía está aplicando los enfoques diferenciales en su proceso interno de transformación y sus repercusiones en la ejecución de sus funciones cotidianas.
Al Sistema de Medios Públicos:
Que se abra un espacio en la programación pública para la apertura de un debate participativo en el que se discuta la reforma a la Policía.
Sobre la gestión de la seguridad más allá del Estado policial:
Al Ministerio del Interior
Que organice de la mano de la sociedad civil laboratorios ciudadanos de resolución pacífica de conflictos cotidianos sin necesidad de mediación policial, que se puedan replicar y adaptar en distintos territorios para atender a las particularidades locales de las conflictividades. Además, que estos espacios sirvan de plataforma de encuentro entre distintos sectores sociales y para posicionar discusiones alrededor de formas alternativas de concebir y tramitar la seguridad localmente.
Al Ministerio de la Igualdad y la Equidad:
Que cree o adapte un programa de gestores territoriales de resolución pacífica de conflictos cotidianos, orientado a las juventudes. Esto, con el propósito de impulsar desde prácticas a pequeña escala una transformación cultural encaminada a construir formas de tramitar conflictos cotidianos, que hoy son mediados por la policía, de formas que no requieran de dicha interacción.
Al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional:
Que trabajen de manera articulada con distintas instituciones del Estado para transformar los CAI en centros que le permitan a la ciudadanía acceder a toda la oferta institucional del Estado y a una atención integral. Esto para convertir y resignificar esta infraestructura estatal, la cual materializa el malestar de la ciudadanía con la Policía, en lugares de fácil acceso y de interlocución cercana con el Estado.
Sobre el hacinamiento en estaciones de Policía y centros transitorios de retención:
Al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y las autoridades locales:
Que trabajen de manera articulada para garantizar los derechos de la población privada de la libertad en centros transitorios de retención. Estos centros en todo el país cuentan con altos niveles de hacinamiento, que pone en evidencia una crisis generalizada de derechos humanos en estos lugares, donde las personas privadas de la libertad no cuentan con las condiciones mínimas de vida digna. Además, estos altos niveles de hacinamiento abren la puerta a que estas personas sean víctimas de otras violaciones a los derechos humanos.
Sobre el cumplimiento e implementación de recomendaciones externas:
Al Gobierno Nacional:
Que cree un comité y una mesa de trabajo con participación interinstitucional, de organizaciones de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil para impulsar un plan de trabajo para efectuar la incorporación de las recomendaciones de la CIDH, de la Comisión de la Verdad, de la Oficina de la Alta comisionada para las Naciones Unidas y de la Relatoría del 9s. Lo anterior para garantizar una implementación efectiva de estas recomendaciones y consolidar a Colombia como un país ejemplo en la consolidación de instituciones garantes de derechos humanos con respecto al uso de la fuerza.