El 15 de julio, desde Temblores ONG y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social —PAIIS— de la Universidad de los Andes realizaremos el lanzamiento de la cartilla Sin Ataduras, un documento dirigido a quienes ejercen cargos de servicio público para prevenir, atender y sancionar actos de violencia y discriminación en contra de las personas habitantes de calle y las personas con discapacidad. En esta cartilla presentaremos unos mínimos que deben ser tomados en cuenta para el diseño e implementación de políticas públicas frente a estas poblaciones, con perspectiva de derechos humanos y basadas en la normativa internacional, nacional y la jurisprudencia sobre el reconocimiento de sus derechos, la capacidad jurídica y la institucionalización forzada.
Esta cartilla nace desde una necesidad particular frente al caso de una persona habitante de calle con una discapacidad cognitiva, quien estaba en riesgo de sufrir una grave vulneración a sus derechos fundamentales, al negarse a ser internada en un centro de atención y haber tomado la decisión de vivir en las calles del municipio de Chocontá. Varios funcionarios de la Alcaldía exigían institucionalizar a esta persona sin su consentimiento y también proponían tomar acciones para declararla interdicta, al considerar que representaba un riesgo para la ciudadanía y para la imagen del municipio. A partir de este caso ambas organizaciones decidimos unir nuestra experiencia con estas poblaciones para acompañar los procesos en la institucionalidad que se enfrenten a dudas sobre los derechos y garantías de las personas habitantes de calle y/o personas con discapacidad.
Con la publicación de Sin Ataduras buscamos que la institucionalidad diseñe e implemente políticas y programas que reconozcan las prácticas vulneratorias de derechos humanos que han vivido estas poblaciones y desarrolle mecanismos para acabar con ellas. También pretendemos sensibilizar a las personas que ejercen cargos públicos sobre la discriminación y estigmatización que suele existir contra ambas poblaciones. Las personas habitantes de calle y las personas con discapacidad han sido históricamente marginadas y cotidianamente se enfrentan a una presión social y estatal hacia la normalización y hacia el cumplimiento de estándares de estética, comportamiento y expresión. Además, no cuentan con las suficientes garantías ni protección de sus libertades, dignidad y demás derechos.
insistimos que el diseño de políticas y programas deben partir del reconocimiento de que pertenecer a alguna —o a ambas— poblaciones no es contrario a la ley, mientras que la institucionalización forzada y la negación de la capacidad jurídica sí lo son. En este sentido, reiteramos que las políticas del Estado que buscan normalizar o expulsar del ojo visible de la sociedad a las personas con discapacidad y a las personas habitantes de calle alimenta la marginación y la violencia; y que reconocer la capacidad de decisión de ambas poblaciones es una obligación, tal como lo es frente a cualquier otra persona.
La cartilla puede ser consultada aquí
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