En medio de incendios forestales, el Fenómeno del Niño y las poco efectivas políticas de racionamiento en Bogotá, en los últimos años y particularmente este 2024, la discusión sobre el acceso y manejo del agua ha ocupado un lugar más presente en el debate público. Se han vuelto a hacer visibles problemáticas y luchas derivadas de las maneras en las que privados y el Estado han manejado históricamente el agua y los impactos ambientales producto de la actividad económica legal e ilegal en Colombia. Esto ha reactivado y amplificado el debate sobre la importancia del agua para el mantenimiento de la vida en medio del contexto de una crisis climática global. El Gobierno actual ha sido uno de los principales actores en esta discusión. En su Plan Nacional de Desarrollo plantea como apuesta el ordenamiento del territorio alrededor del agua, desde una comprensión articulada con el eje de justicia ambiental. Adicionalmente, es rescatable el reconocimiento que han hecho varios de sus representantes, entre ellos el Presidente, sobre cómo el acceso desigual a recursos y a las afectaciones diferenciales derivadas del cambio climático son fuentes de conflictividad social y de contextos de vulneración de derechos.
En el contexto de esta discusión y en el marco de la preparación para la realización de la COP16, en mayo de este año, la Policía Nacional anunció la creación de una unidad élite dedicada a la protección del medio ambiente y al cuidado del agua, que será conformada por ocho mil policías y que tendrá diversas funciones relacionadas con enfrentar las amenazas a los cuerpos hídricos del país (como la minería ilegal, la deforestación, etc.) y con otros fines investigativos. Algunas personas han reaccionado a esta propuesta, como el exsecretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. En su columna para La Silla Vacía, titulada “Una policía para proteger el medio ambiente”, Acero plantea una discusión necesaria de ampliar la comprensión de la seguridad, a partir del reconocimiento de su relación con los efectos del manejo medioambiental y del cambio climático. El autor argumenta que las afectaciones al medio ambiente y los efectos del cambio climático son amenazas para lo que él llama “seguridad social, económica y pública”, al igual que para el Estado de derecho. Es decir, llama la atención sobre cómo la distribución desigual de recursos y los impactos diferenciados causados por el cambio climático generan conflictos sociales y crean situaciones en las que se vulneran o se impide el acceso a derechos.
Luego de esa lectura de contexto, Acero saluda la noticia de la conformación de la policía para el cuidado del agua y la protección del medio ambiente. Dice que es relevante, pero insuficiente si se deja exclusivamente en manos de la Policía. Plantea que la iniciativa debería involucrar al Ministerio del Medio Ambiente, a las autoridades locales y las comunidades. También, sugiere que, además de los policías, se incluyan defensores del agua locales, que serían servidores públicos desarmados, con la tarea de contribuir a la protección de cuerpos de agua y supervisar su uso adecuado. Finalmente, Acero propone que estos equipos estarían financiados por los municipios y podrían apoyarse con empresas de vigilancia privada si fuera necesario.
Si bien valoramos el esfuerzo por ampliar la discusión alrededor de la seguridad desde la comprensión del acceso igualitario a recursos y el cuidado del agua como un problema de seguridad, nos surgen varias preguntas y preocupaciones alrededor de la propuesta de la policía del agua anunciada por el Gobierno Nacional. En lo que resta de este texto, planteamos nuestras principales inquietudes.
Exceso de funciones de la policía
Como documentamos en nuestro informe Bolillo, Dios y Patria II, sobre la Policía Nacional recae un exceso de funciones, las cuales se concentran de maneras desiguales al interior de la institución y contribuyen a propiciar escenarios de vulneración de derechos humanos por parte de miembros de la Policía. Esta sobrecarga de funciones, además de que no resuelve las problemáticas estructurales que debe atender el Estado desde una perspectiva interinstitucional, termina aportando a la configuración de un Estado policial más que un Estado garante de derechos. Con esto presente y a pesar de que el director de la Policía, el General William Salamanca, manifestó que ya hay algunos policías capacitados en esa materia, nos preocupa que la creación de esta nueva unidad élite de policía pueda contribuir a agrandar el problema de exceso de funciones de la Policía y a la vez, reduzca la solución de conflictos ambientales al uso de la fuerza policial. Reconocemos que hay conflictos ambientales que deben ser acompañados por la fuerza pública, pero dicha reacción no se puede reducir a la presencia de la Policía. También, nos llama la atención que algunas de las tareas que tendrá esta nueva unidad policial, como el tratamiento ambiental para aprovechar la capacidad de plantas nativas de absorber contaminantes y el montaje de un laboratorio para la identificación forense de especies silvestres, sean atribuidas a la Policía Nacional y no a otras entidades del Estado, más aún cuando la apuesta del Gobierno para enfrentar la problemática de manejo ambiental y de los efectos del cambio climático pretende tener un enfoque amplio y multisectorial.
Relación de la policía del agua con diferentes actores sociales
Como ha sido noticia últimamente, Colombia es catalogado como el país más peligroso para liderazgos ambientales, pues según la organización Global Witness registra la mayor cantidad de asesinatos a líderes ambientales. Adicional a esto, si históricamente las personas dedicadas a la defensa ambiental y territorial también han sido estigmatizadas, perseguidas y reprimidas por agentes estatales, nos preguntamos: ¿cómo será la relación de esta unidad policial con estos actores? O ¿de qué manera influirá la presencia y acción de esta unidad policial en contextos de conflictividad social derivados de problemas ambientales y de acceso a recursos? ¿Cuáles pueden ser los efectos perjudiciales en materia de derechos humanos de estas nuevas interacciones entre ciudadanía y policía? ¿Quiénes y qué sectores sociales resultarían más afectados y beneficiados con la presencia de la policía del agua en los distintos territorios? Es importante comprender el territorio de una manera integral en donde el agua no está aislada de las relaciones sociales, eso significa que el cuidado de la misma debe pasar por comprender las relaciones que se han entrelazado alrededor de este recurso. En ese sentido, este cuerpo élite de policía no solamente debería contar con conocimientos sobre la protección del agua sino también sobre las relaciones y actores que habitan los territorios, para no recaer en prácticas de persecución o criminalización debido al desconocimiento de las diferencias culturales.
Defensores del agua no armados
Finalmente, creemos que la propuesta que hace Hugo Acero de contratar funcionarios públicos no armados que asuman tareas para la defensa del agua puede ser una apuesta por “despolicializar” la forma en la que las instituciones del Estado hacen presencia en el territorio nacional y abordan problemáticas de seguridad que están atravesadas por marañas de factores ambientales, políticos, sociales y económicos. Estos funcionarios podrían tener como referentes y trabajar de maneras articuladas con las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, a propósito del recién firmado Decreto 1275 de 2024, en el que se le otorgan competencias ambientales a las autoridades indígenas. Además, como parte de la apuesta de abordaje interinstitucional y multisectorial, consideramos que esta propuesta podría compaginarse con programas que ya están siendo puestos en marcha, como el Servicio social para la paz y Jóvenes en paz. Ambos programas tienen componentes relacionados con el cuidado ambiental y el acompañamiento a organizaciones de base dedicadas a ello.
En conclusión, la creciente crisis climática y la discusión sobre el manejo del agua en Colombia han reactivado el debate sobre la importancia de este recurso para el mantenimiento de la vida y, por ende, sobre cómo debe ser abordado como un problema de seguridad, desde una comprensión más amplia de ella. La creación de una unidad élite de la Policía para la protección del agua es insuficiente si se deja el abordaje de la problemática exclusivamente en manos de esta institución. Es necesario un enfoque interinstitucional que involucre a diversas entidades del Estado, autoridades locales y comunidades. Aunque existen esfuerzos por ampliar la comprensión de la seguridad desde el Estado, este abordaje propuesto para la problemática del cuidado del agua y la protección del medio ambiente, centrado exclusivamente en la Policía, resulta encapsulando de nuevo la acción del Estado dentro de la comprensión tradicional de la seguridad. Ante ese panorama, a lo largo de este texto, planteamos un chorrero de interrogantes, preocupaciones y apreciaciones alrededor de esta propuesta del Gobierno. Consideramos que estas discusiones e intercambios de impresiones contribuyen a ampliar las discusiones alrededor de la seguridad, lo que permite llevar estos debates a otros campos del conocimiento y a abrir los horizontes de imaginación de soluciones.
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